Laerte Muzi, uno de los acusados. (Foto: La Voz)

La fiscal de Delitos Complejos de Córdoba Valeria Rissi solicitó elevar a a juicio a 13 imputados de la causa Euromayor por presuntamente haber integrado una estructura criminal dedicada a consumar estafas inmobiliarias en perjuicio de cientos de ahorristas en Córdoba y Santa Fe.

Causa Euromayor en Córdoba: los 13 enviados a juicio

Los imputados son el contador Laerte Muzi y el abogado Jorge Eduardo Monferini, señalados como organizadores de la asociación, junto a los miembros Jorge Carlos Airaudo, Oscar Antonio Cerutti, Mariano Fontán, Mauricio Leonardo Nicoletti, Agustín Gonzalo Muguerza, Adrián Humberto Rosas, Marcelo Gabriel Pretini, José María Estévez, Juliana Inés Odetto, Claudia Silvina Funes y Luciano Monferini.

Todos enfrentan cargos por asociación ilícita ya que habrían comenzado a operar con mayor agresividad a partir de 2013, utilizando la trayectoria de Euromayor SA y South American Trust SA (Satsa) como “una pantalla de solvencia para engañar a los inversores”.

Mediante el uso de diversas sociedades y fideicomisos, habrían captado fondos para emprendimientos como Valle del Golf, Tierra Alta, Antigua Cervecería y Complejo Center, a sabiendas supuestamente que los proyectos no se concretarían.

Luego, habrían desviado el dinero de las cuotas de los departamentos y lotes hacia otros fines ajenos a la construcción, logrando así “el mantenimiento de una apariencia de normalidad comercial a través de la manipulación de estados contables y la simulación de asambleas”, indicó la fiscal Rissi.

Esta conducta se mantuvo, según precisó, incluso cuando la situación financiera era irreversible, ya que “los encartados continuaron comercializando unidades y emitiendo obligaciones negociables, ocultando deliberadamente el estado de insolvencia de las sociedades ante los organismos de control y los propios aportantes”.

El perjuicio económico consolidado por la investigación asciende a más de 32 millones de pesos y tres millones de dólares, sumas que la fiscal considera el resultado de un plan delictivo sostenido durante casi una década.

Euromayor en Córdoba: los fundamentos de la fiscal Rissi

En sus fundamentos para elevar la causa a juicio, la fiscal indicó que la maniobra no fue el resultado de una crisis económica imprevisible, sino de una “ingeniería jurídica y contable puesta al servicio del desapoderamiento de bienes de terceros”.

Al respecto, fue tajante al describir la naturaleza de la organización al señalar que se trató de una “verdadera asociación ilícita, en la que sus integrantes, lejos de actuar en el marco de una actividad empresarial lícita, se habrían concertado con el propósito de cometer delitos de manera indeterminada”.

Así, los imputados habrían montado una estructura de “fideicomisos cruzados y empresas controladas” para generar una opacidad patrimonial que facilitara el vaciamiento de los activos.

“La pluralidad de planes delictivos y la permanencia en el tiempo de la estructura asociativa denotan una peligrosidad que excede la mera suma de estafas individuales”, subrayó Rissi.

La fiscal justificó la imputación colectiva al explicar que existió un “aporte funcional de cada uno de los nombrados”, quienes desde sus roles de directores, síndicos o asesores, habrían permitido que la maquinaria de defraudación siguiera funcionando.

Euromayor en Córdoba: qué sostuvieron las defensas

Por su parte, las defensas intentaron desvincular a los acusados de la grave acusación al sostener que los incumplimientos contractuales fueron consecuencia de la inestabilidad macroeconómica del país y no de una voluntad de estafar.

El imputado Airaudo, por ejemplo, dijo que su participación en Satsa era puramente nominal y que “no tenía injerencia en las decisiones financieras ni en el destino de los fondos”, al intentar situar la responsabilidad en la cúpula directiva.

En tanto, otros defensores alegaron la falta de dolo al afirmar que sus defendidos actuaron bajo las normativas vigentes y que “las demoras en la entrega de las unidades son contingencias propias del mercado inmobiliario”.

Sin embargo, la fiscal rechazó estos argumentos y concluyó que del análisis integral de la prueba “puede concluirse la participación responsable que en el hecho les cupo a los nombrados”, debido a la sistematicidad con la que se extrajeron fondos de los proyectos sin que existiera una contraprestación real en las obras.

Causa: “Airaudo, Jorge Carlos y Otros p.ss.aa. asociación ilícita (SAC N° 7053735)"

Tribunal: Fiscal de Delitos Complejos Valeria Rissi

Fecha: 26/12/2025

REDACCIÓN JUDICIALES | Córdoba