Tribunales II de Córdoba. (Justicia de Córdoba)

El nuevo sistema integral de flagrancia comenzará a regir a partir del próximo 2 de marzo, según así lo dispuso el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba.

La decisión fue adoptada luego de una reunión de puesta a punto de los vocales del alto cuerpo con el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y las áreas intervinientes, informó la Justicia.

De esta forma, se definió la fecha de puesta en funcionamiento de la nueva Unidad Fiscal de Flagrancia (UFF), que contará con las sedes Norte y Sur; así como de las dos nuevas Unidades Territoriales N° 14, de barrio Los Boulevares, y N° 22, de Santa Isabel, de la ciudad de Córdoba.

Sistema de flagrancia

La implementación del nuevo sistema tiene por objeto optimizar la respuesta judicial en los casos de flagrancia y las investigaciones territoriales, fortaleciendo la coordinación interinstitucional y agilizando los procesos penales.

De acuerdo con el manual de procesos, se busca optimizar la respuesta ante delitos detectados de manera inmediata. Esta normativa establece una estructura organizativa que abarca desde la planificación estratégica anual hasta el detalle operativo de cómo deben actuar las fuerzas de seguridad y los funcionarios judiciales al momento de una detención.

En el centro de esta gestión se encuentra el Plan Operativo Anual (POA), un documento clave que se elabora cada octubre para fijar metas, indicadores y el plan de rotación del personal para el año siguiente. Este esquema de conducción se complementa con un seguimiento semestral y anual del cumplimiento de esos objetivos, permitiendo realizar ajustes basados en datos reales extraídos del sistema de gestión.

El protocolo operativo comienza formalmente cuando la Policía se presenta ante la Unidad de Recepción con una persona aprehendida o una víctima de un hecho delictivo.

A partir de allí, se activan mecanismos para corroborar identidades, gestionar pruebas iniciales y, en casos que involucren a menores de edad, asegurar la presencia de sus tutores legales.

Los fiscales tienen la responsabilidad de definir la situación procesal de los detenidos, pudiendo ordenar su libertad, detención u otras medidas de coerción, además de liderar la investigación de campo y la recolección de testimonios.

Finalmente, el manual contempla diversas salidas para los casos, que van desde el archivo y el sobreseimiento hasta la elevación a juicio.

Un aspecto destacado es la implementación de audiencias tempranas multipropósito, diseñadas para resolver situaciones procesales de forma acelerada, como la aplicación de juicios abreviados o suspensiones del proceso a prueba, buscando así reducir los tiempos de resolución del sistema penal.

REDACCIÓN JUDICIALES | Córdoba.com

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