Córdoba: confirmaron la elevación a juicio de una causa por estafas con casas prefabricadas

Son 10 imputados. Habrían provocado millones de pesos y miles de dólares en perjuicio a las víctimas.

Imagen ilustrativa. (Foto: Jan van der Wolf&Pexels.com)

REDACCIÓN JUDICIALES | Córdoba

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El Juzgado de Control en lo Penal Económico de Córdoba, a cargo de Gustavo Hidalgo, confirmó la elevación a juicio de 10 acusados de integrar una asociación ilícita dedicada a perpetrar estafas inmobiliarias bajo la venta de viviendas prefabricadas utilizando diversas fachadas comerciales para captar víctimas en todo el país.

Córdoba: presuntas estafas con casas prefabricadas

La nómina de acusados está encabezada por Sebastián Laforte (29), comerciante y señalado como jefe de la asociación; Alan Emmanuel Cano (34), empleado y organizador; Jorge Alejandro Flores (46), desempleado con formación en idioma alemán y miembro; César Ezequiel Juárez (26), vendedor y miembro; Matías David Pérez Ludueña (45), empleado y miembro; Claudio Héctor Bardus (49), empleado; Matías Sánchez (28), independiente; Noelia Alejandra Flores (44), comerciante; María Ximena Alderete (39), consultora de empresas; Carlos Marcelo Scrofani (62), contador.

Los delitos atribuidos son asociación ilícita y estafas reiteradas, con roles que iban desde la dirección estratégica hasta la captación de víctimas y el ocultamiento de fondos.

La causa en Córdoba: estafas con prefabricadas

La fiscal de instrucción Daniela Maluf sostuvo que la presunta organización criminal desplegó un plan fraudulento diseñado de antemano para engañar a personas interesadas en adquirir su vivienda propia.

Así, la banda habría comenzado a consumar las estafas en enero de 2023 cuando Laforte, Cano y Flores habrían utilizado la estructura de la firma Next House SAS para, luego mutar de nombre, a Forte Desarrollista e Innova Desarrollista para obtener beneficios económicos supuestamente ilegítimos, informó la Justicia provincial.

Habrían montado una oficina de Next House en Nueva Córdoba bajo el ropaje de solvencia para recibir a los primeros clientes (a la postre, damnificados) captados mediante una agresiva campaña publicitaria en redes sociales y páginas web.

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Se habrían valido de un "hábil discurso engañoso", según la fiscal, que incluía renders, planos y promesas de construcción bajo los sistemas steel frame y wood frame. De esta forma habrían buscado proyectar una imagen de "solvencia y seriedad" que resultaba irresistible para los damnificados debido a los precios competitivos y plazos de entrega reducidos.

Las maniobras exhibieron un patrón constante: una vez que los clientes efectuaban el pago inicial o entregaban vehículos, la organización (con roles jerárquicos y una división de tareas específica) habría desplegado una serie de "múltiples excusas" para justificar el retardo de las obras.

Se mencionaban problemas con proveedores, inclemencias climáticas o la inestabilidad económica del país, con el único fin de —según la acusación— "reforzar la maniobra" y obligar a las víctimas a firmar adendas con actualizaciones de costos que solo profundizaban su perjuicio patrimonial.

En muchos casos, tras recibir millones de pesos o miles de dólares, la empresa apenas realizaba una platea de hormigón —a menudo defectuosa— o simplemente descargaba materiales en los terrenos sin protección alguna, para luego desaparecer.

El perjuicio económico total es millonario y se desglosa en numerosos hechos particulares, ya que se registran casos con defraudaciones de 4.825.500 de pesos y 5.710.000 de pesos, 12.600 dólares, U$S 31.241 y hasta U$S 41.450.

De este modo, mientras continuaban captando fondos y firmando contratos, en realidad siempre habrían tenido la "voluntad inicial y oculta de no cumplir", según la fiscal. Sobre esa base desestimó el argumento de la defensa, que intentó presentar los hechos como "meros incumplimientos contractuales”.

La fiscal: "Una organización funcional a cometer delitos"

La fiscal sostuvo que los imputados integraron la asociación ilícita al darse los requisitos del tipo penal bajo el presunto liderazgo de Laforte.

El acusado habría tenido el "control total de la organización", decidiendo desde los cambios de nombre de la firma hasta el destino del dinero y las "falsas bonificaciones" que se ofrecían para captar nuevos fondos.

El juez Hidalgo confirmó, en un fallo de 366 páginas, la elevación a juicio al rechazar los argumentos defensivos y coincidió con la postura acusatoria al señalar que los hechos achacados a los imputados no se limitan a un "incumplimiento contractual" de índole civil , sino que revisten carácter penal debido a la maniobra fraudulenta orquestada de antemano.

En el caso de Laforte, confirmó la necesidad de que permanezca detenido debido al riesgo de fuga detectado en mensajes donde planeaba irse del país y a la gravedad de la pena que podría recibir en un eventual juicio.

Causa: "CANO Alan Emanuel y otros p.ss.aa. Asociación ilícita, etc.” (SACM 12090928 y relacionados)"

Tribunal: Juzgado de Control en lo Penal Económico

Fecha: 17/12/2025